FUENTE : PRENSA AUSTRAL
“La explotación sexual infantil existe en Magallanes, ha quedado de manifiesto con lo ocurrido recientemente, y lo más inquietante es que pueden existir más casos de los que se denuncian, la llamada ‘cifra negra’, por lo que es imperativo intervenir la situación y es lo que se está tratando de hacer en conjunto con todos los intervinientes”, planteó el secretario regional ministerial de Justicia Pablo Bussenius, en el marco del lanzamiento de la campaña “No hay excusas” a realizarse el próximo 18 de mayo.
De acuerdo al detalle entregado tanto por el titular regional de Justicia, el Servicio Nacional de Menores (Sename) y el Programa de Intervención Especializada (Pie Magallanes), en la actualidad, existen siete casos vigentes de víctimas de este delito y 23 casos acogidos en total por el programa, siempre menores femeninas y de estratos sociales más carenciados, según explicó la trabajadora social, Monserrat Millán, del Programa Pie Magallanes.
Millán sostuvo que en cada uno de los casos derivados, los cuales requieren intervención de a lo menos tres años para obtener frutos positivos con los usuarios, se dan características similares en los afectados: graves vulneraciones de derechos, deserción escolar, problemáticas familiar, negligencia parental, consumo de alcohol y droga e incluso intoxicación.
Asimismo puntualizó que cobra especial relevancia el tema en la región, debido a que se conjugan ciertos factores de riesgo que facilitan la acción de un adulto que utiliza a una persona menor de 18 años con propósitos sexuales a cambio de dinero o de algunos “favores”. Dichas circunstancias facilitadoras son: el turismo, antecedentes locales de trata de personas, población flotante ya sea por faenas de puerto o minería y la situación limítrofe fronteriza cercana, todas las que se dan en Magallanes.
Tema solapado
Por su parte, el director regional del Sename, Gonzalo Bascuñán afirmó que los jóvenes menores de 18 años no tienen la capacidad para discernir respecto de estas conductas y que por lo mismo “debemos mantenernos alerta, porque lejos de ser aislado, es un tema solapado que cuando se da a conocer queda de manifiesto que son situaciones que se han mantenido en el tiempo”, expuso.
Añadió que entre las alertas que deben atenderse son los cambios de conducta de los menores, y la aparición de artículos personales o electrónicos de los cuales no se sabe su procedencia, teléfonos o ropa a modo de ejemplo.
Sobre la campaña “No hay excusas”, precisó que la idea es poner un “alto” a hechos de esta naturaleza que afectan a niños y adolescentes, “es un llamado de atención a las prácticas abusivas que realizan adultos; hacer entender que no se puede aprovechar de cierta vulnerabilidad que esté pasando la víctima, y menos que después se le intente endosar en base a esa fragilidad la responsabilidad a la menor con frases como ‘si no es conmigo es con otro’, ‘le pago lo que me pide’ o ‘seguro que le gusto’”.
Finalmente, enfatizó que quienes obtienen “servicios sexuales” de un menor de edad a cambio de dinero u otras prestaciones, arriesgan penas que van desde 3 a 5 años, mientras que quienes faciliten o promuevan la explotación de una persona menor de 18 años sufrirá una pena de 3 años y 1 día a 10 años, o incluso hasta 20 años si se trata de una conducta habitual. Y cuando, en delitos como los señalados, se utilizasen establecimientos o locales, a sabiendas del propietario o encargado, o no pudiendo éste menos que saberlo, podrá decretarse la clausura del recinto.
“La explotación sexual infantil existe en Magallanes, ha quedado de manifiesto con lo ocurrido recientemente, y lo más inquietante es que pueden existir más casos de los que se denuncian, la llamada ‘cifra negra’, por lo que es imperativo intervenir la situación y es lo que se está tratando de hacer en conjunto con todos los intervinientes”, planteó el secretario regional ministerial de Justicia Pablo Bussenius, en el marco del lanzamiento de la campaña “No hay excusas” a realizarse el próximo 18 de mayo.
De acuerdo al detalle entregado tanto por el titular regional de Justicia, el Servicio Nacional de Menores (Sename) y el Programa de Intervención Especializada (Pie Magallanes), en la actualidad, existen siete casos vigentes de víctimas de este delito y 23 casos acogidos en total por el programa, siempre menores femeninas y de estratos sociales más carenciados, según explicó la trabajadora social, Monserrat Millán, del Programa Pie Magallanes.
Millán sostuvo que en cada uno de los casos derivados, los cuales requieren intervención de a lo menos tres años para obtener frutos positivos con los usuarios, se dan características similares en los afectados: graves vulneraciones de derechos, deserción escolar, problemáticas familiar, negligencia parental, consumo de alcohol y droga e incluso intoxicación.
Asimismo puntualizó que cobra especial relevancia el tema en la región, debido a que se conjugan ciertos factores de riesgo que facilitan la acción de un adulto que utiliza a una persona menor de 18 años con propósitos sexuales a cambio de dinero o de algunos “favores”. Dichas circunstancias facilitadoras son: el turismo, antecedentes locales de trata de personas, población flotante ya sea por faenas de puerto o minería y la situación limítrofe fronteriza cercana, todas las que se dan en Magallanes.
Tema solapado
Por su parte, el director regional del Sename, Gonzalo Bascuñán afirmó que los jóvenes menores de 18 años no tienen la capacidad para discernir respecto de estas conductas y que por lo mismo “debemos mantenernos alerta, porque lejos de ser aislado, es un tema solapado que cuando se da a conocer queda de manifiesto que son situaciones que se han mantenido en el tiempo”, expuso.
Añadió que entre las alertas que deben atenderse son los cambios de conducta de los menores, y la aparición de artículos personales o electrónicos de los cuales no se sabe su procedencia, teléfonos o ropa a modo de ejemplo.
Sobre la campaña “No hay excusas”, precisó que la idea es poner un “alto” a hechos de esta naturaleza que afectan a niños y adolescentes, “es un llamado de atención a las prácticas abusivas que realizan adultos; hacer entender que no se puede aprovechar de cierta vulnerabilidad que esté pasando la víctima, y menos que después se le intente endosar en base a esa fragilidad la responsabilidad a la menor con frases como ‘si no es conmigo es con otro’, ‘le pago lo que me pide’ o ‘seguro que le gusto’”.
Finalmente, enfatizó que quienes obtienen “servicios sexuales” de un menor de edad a cambio de dinero u otras prestaciones, arriesgan penas que van desde 3 a 5 años, mientras que quienes faciliten o promuevan la explotación de una persona menor de 18 años sufrirá una pena de 3 años y 1 día a 10 años, o incluso hasta 20 años si se trata de una conducta habitual. Y cuando, en delitos como los señalados, se utilizasen establecimientos o locales, a sabiendas del propietario o encargado, o no pudiendo éste menos que saberlo, podrá decretarse la clausura del recinto.
