FUENTE : EL PPINGUINO
El ministro del Tribunal para la Defensa de Libre Competencia, Javier Veloso, afirmó que los fallos del TDLC no deberían ser apelables a la Corte Suprema. Afirmó que ésta debiera preocuparse de que se respeten las garantías constitucionales, ya que el tema técnico se entregó “por algo” a un tribunal especial.
A tres años de que se iniciara la investigación por la supuesta colusión entre las cadenas de farmacias Fasa, Cruz Verde y Salcobrand, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) entregaría el veredicto durante la última semana de enero, según indicó, ayer, el ministro del organismo Javier Veloso, durante un seminario sobre libre competencia efectuado en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile.
Así, tanto Cruz Verde como Salcobrand se encuentran en estado de alerta respecto a lo que irá a fallar el organismo antimonopolios ya que ambas compañías, excepto Fasa, arriesgan multas por 20.000 unidades tributarias anuales, que equivalen a unos US$ 18 millones.
Sin embargo, conocedores de la causa, señalan que cualquiera sea el fallo del TDLC el caso se resolverá en la Corte Suprema, por lo que fácilmente podría extenderse nueve meses más.
El ministro del organismo cuestionó el rol que cumple la Corte Suprema en materia de competencia, ya que es una instancia, a su juicio, a la cual se pueden apelar las resoluciones del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Al respecto dice que debiera preocuparse de que se respeten las garantías constitucionales. Veloso recordó que “hay veces que el TDLC ha autorizado concentraciones y la Corte Suprema las ha condicionado, es decir ha ejercido las funciones de organismo técnico de libre competencia”.
Durante este proceso el TDLC ha invertido al menos un décimo de su presupuesto anual de casi $ 1.000 millones. Es decir, el caso farmacias perfectamente ha significado destinar recursos por unos
$ 300 millones durante estos tres años.
Farmacias en alerta
Hasta la fecha el expendiente contiene 350 tomos y 250 CD con correos electrónicos, bases de datos de precios de medicamentos, declaraciones, actas y grabaciones, entre los argumentos y pruebas acumuladas.
Y es que no es un caso fácil de resolver, consignó un medio nacional. En la publicación exponen que si bien existe como prueba principal la confesión de que existió colusión por parte de Farmacias Ahumada, (FASA), -en marzo de 2009-, tanto Cruz Verde como Salcobrand refutaron dicha acción, argumentado que la compañía tenía intereses propios ya que comenzaba un proceso de venta.
Sin embargo, fuentes del sector judicial señalan que, considerando que este caso ha marcado precedentes en materia de regulación de la libre competencia, las definiciones del TDLC deberían ir en la línea de fallar a favor de la Fiscalía Nacional Económica y resolver que sí hubo colusión entre las farmacias.
Durante el 2009 este caso significó la modificación del decreto 2011 de la Ley 20.361 lo que significó otorgar mayores facultades al Fiscal Nacional Económico, como por ejemplo, la de realizar allanamientos antes del requerimiento.
A tres años de que se iniciara la investigación por la supuesta colusión entre las cadenas de farmacias Fasa, Cruz Verde y Salcobrand, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) entregaría el veredicto durante la última semana de enero, según indicó, ayer, el ministro del organismo Javier Veloso, durante un seminario sobre libre competencia efectuado en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile.
Así, tanto Cruz Verde como Salcobrand se encuentran en estado de alerta respecto a lo que irá a fallar el organismo antimonopolios ya que ambas compañías, excepto Fasa, arriesgan multas por 20.000 unidades tributarias anuales, que equivalen a unos US$ 18 millones.
Sin embargo, conocedores de la causa, señalan que cualquiera sea el fallo del TDLC el caso se resolverá en la Corte Suprema, por lo que fácilmente podría extenderse nueve meses más.
El ministro del organismo cuestionó el rol que cumple la Corte Suprema en materia de competencia, ya que es una instancia, a su juicio, a la cual se pueden apelar las resoluciones del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Al respecto dice que debiera preocuparse de que se respeten las garantías constitucionales. Veloso recordó que “hay veces que el TDLC ha autorizado concentraciones y la Corte Suprema las ha condicionado, es decir ha ejercido las funciones de organismo técnico de libre competencia”.
Durante este proceso el TDLC ha invertido al menos un décimo de su presupuesto anual de casi $ 1.000 millones. Es decir, el caso farmacias perfectamente ha significado destinar recursos por unos
$ 300 millones durante estos tres años.
Farmacias en alerta
Hasta la fecha el expendiente contiene 350 tomos y 250 CD con correos electrónicos, bases de datos de precios de medicamentos, declaraciones, actas y grabaciones, entre los argumentos y pruebas acumuladas.
Y es que no es un caso fácil de resolver, consignó un medio nacional. En la publicación exponen que si bien existe como prueba principal la confesión de que existió colusión por parte de Farmacias Ahumada, (FASA), -en marzo de 2009-, tanto Cruz Verde como Salcobrand refutaron dicha acción, argumentado que la compañía tenía intereses propios ya que comenzaba un proceso de venta.
Sin embargo, fuentes del sector judicial señalan que, considerando que este caso ha marcado precedentes en materia de regulación de la libre competencia, las definiciones del TDLC deberían ir en la línea de fallar a favor de la Fiscalía Nacional Económica y resolver que sí hubo colusión entre las farmacias.
Durante el 2009 este caso significó la modificación del decreto 2011 de la Ley 20.361 lo que significó otorgar mayores facultades al Fiscal Nacional Económico, como por ejemplo, la de realizar allanamientos antes del requerimiento.
