FUENTE : LA PRENSA AUSTRAL
Un grupo de 39 empleados civiles -16 hombres y 23 mujeres- recurrió de protección en contra del comandante en jefe de la Quinta División de Ejército, general Leonardo Martínez Menanteau, denunciando una vulneración de garantías constitucionales, al ver afectados sus sueldos como resultado de la reciente entrada en vigencia -con efecto retroactivo- de la Ley Nº20.672.
La medida en cuestión afecta a personal a jornal, que corresponde a aquel contratado por las Fuerzas Armadas para el desempeño en labores de servicios menores.
La normativa publicada en el Diario Oficial el 14 de junio de 2013, modificó el sueldo base de los trabajadores a jornal de las Fuerzas Armadas. De acuerdo a los antecedentes que obran en el recurso de protección, en la historia de la ley se expresa directamente y explícitamente que la nueva normativa de modo alguno puede afectarlos o perjudicarlos en las remuneraciones que actualmente perciben, ya que existen respecto de ellas derechos adquiridos bajo el imperio de la antigua ley, y situaciones jurídicas constituidas con anterioridad a la entrada en vigencia de la nueva ley.
En la presentación legal patrocinada por el abogado Carlos Abarzúa, se hace mención que todos y cada uno de los recurrentes se incorporaron al Ejército de Chile con varios años de anterioridad a la publicación de la ley que establece el nuevo mecanismo de cálculo del sueldo base para el personal a jornal de las FF.AA.
En el caso descrito, los trabajadores tienen incorporado a su patrimonio como derecho subjetivo adquirido el mecanismo de cálculo de los trienios que establecía la antigua ley y que los beneficiaba. Sin embargo, se sienten perjudicados con la nueva normativa por el hecho que el Ejército aplicó retroactivamente la Ley Nº20.672 en lo tocante a los trienios a todo el actual personal del Ejército modificando la base de cálculo de sus trienios en perjuicio de ellos, de acuerdo a lo señalado en el escrito judicial.
Particularmente se impugna la medida adoptada por el Ejército de Chile de fecha 23 de julio de 2013, que calcula los nuevos sueldos según la Ley Nº20.672 que modifica la escala de trienios, al depositar exiguas sumas de dinero en las cuentas Rut y cuentas corrientes de sus trabajadores, dependiendo de la antigüedad del funcionario.
Este hecho fue calificado por los trabajadores como un acto arbitrario e ilegal pues priva, perturba y amenaza garantías constitucionales consagradas en la Carta Fundamental.
Admisibilidad
El viernes último la Corte de Apelaciones de Punta Arenas acogió a trámite el recurso de protección y otorgó un plazo de seis días al general Martínez Menanteau para la evacuación de su informe al tenor de la presentación. Asimismo, atendido el mérito de los antecedentes expuestos, el tribunal dictó orden de no innovar, suspendiendo la aplicación de la Ley Nº20.672 con el solo fin de resguardar debidamente los intereses patrimoniales de los trabajadores afectados. Igualmente, se previene que el comandante en jefe de la Quinta División de Ejército no podrá iniciar sanciones administrativas en contra de los funcionarios recurrentes mientras no se haya resuelto la presentación judicial.
Un grupo de 39 empleados civiles -16 hombres y 23 mujeres- recurrió de protección en contra del comandante en jefe de la Quinta División de Ejército, general Leonardo Martínez Menanteau, denunciando una vulneración de garantías constitucionales, al ver afectados sus sueldos como resultado de la reciente entrada en vigencia -con efecto retroactivo- de la Ley Nº20.672.
La medida en cuestión afecta a personal a jornal, que corresponde a aquel contratado por las Fuerzas Armadas para el desempeño en labores de servicios menores.
La normativa publicada en el Diario Oficial el 14 de junio de 2013, modificó el sueldo base de los trabajadores a jornal de las Fuerzas Armadas. De acuerdo a los antecedentes que obran en el recurso de protección, en la historia de la ley se expresa directamente y explícitamente que la nueva normativa de modo alguno puede afectarlos o perjudicarlos en las remuneraciones que actualmente perciben, ya que existen respecto de ellas derechos adquiridos bajo el imperio de la antigua ley, y situaciones jurídicas constituidas con anterioridad a la entrada en vigencia de la nueva ley.
En la presentación legal patrocinada por el abogado Carlos Abarzúa, se hace mención que todos y cada uno de los recurrentes se incorporaron al Ejército de Chile con varios años de anterioridad a la publicación de la ley que establece el nuevo mecanismo de cálculo del sueldo base para el personal a jornal de las FF.AA.
En el caso descrito, los trabajadores tienen incorporado a su patrimonio como derecho subjetivo adquirido el mecanismo de cálculo de los trienios que establecía la antigua ley y que los beneficiaba. Sin embargo, se sienten perjudicados con la nueva normativa por el hecho que el Ejército aplicó retroactivamente la Ley Nº20.672 en lo tocante a los trienios a todo el actual personal del Ejército modificando la base de cálculo de sus trienios en perjuicio de ellos, de acuerdo a lo señalado en el escrito judicial.
Particularmente se impugna la medida adoptada por el Ejército de Chile de fecha 23 de julio de 2013, que calcula los nuevos sueldos según la Ley Nº20.672 que modifica la escala de trienios, al depositar exiguas sumas de dinero en las cuentas Rut y cuentas corrientes de sus trabajadores, dependiendo de la antigüedad del funcionario.
Este hecho fue calificado por los trabajadores como un acto arbitrario e ilegal pues priva, perturba y amenaza garantías constitucionales consagradas en la Carta Fundamental.
Admisibilidad
El viernes último la Corte de Apelaciones de Punta Arenas acogió a trámite el recurso de protección y otorgó un plazo de seis días al general Martínez Menanteau para la evacuación de su informe al tenor de la presentación. Asimismo, atendido el mérito de los antecedentes expuestos, el tribunal dictó orden de no innovar, suspendiendo la aplicación de la Ley Nº20.672 con el solo fin de resguardar debidamente los intereses patrimoniales de los trabajadores afectados. Igualmente, se previene que el comandante en jefe de la Quinta División de Ejército no podrá iniciar sanciones administrativas en contra de los funcionarios recurrentes mientras no se haya resuelto la presentación judicial.
