“Un nuevo censo en 2016 implica para el Estado un desembolso de 37 mil millones de pesos. Hay un informe internacional de un organismo técnico que señala que el anterior, el de 2012, igual es válido para planificar y diseñar políticas públicas en el país”.
Hace unas semanas el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) entregó los resultados corregidos del Censo 2012, tras someter a revisión el proceso original debido a los cuestionamientos surgidos. Y el debate se ha situado entre las nuevas autoridades de Gobierno con respecto de la conveniencia de repetir la medición. En los últimos días se ha insistido en el tema de una nueva realización en 2016. El comité de expertos internacionales que se contactó para evaluar si el Censo 2012 era válido, estableció en su informe final, entregado el año pasado, que el instrumento sí lo era y que podía ser utilizado para la planificación y diseño de las políticas públicas en el país. Igual conclusión a la que arribó el INE una vez que volvió a chequear los datos recogidos y la aplicación de la encuesta. También se alzan las voces señalando que realizar un nuevo proceso de este tipo en un plazo tan breve resulta inconveniente, y así lo confirman los especialistas, pues existe coincidencia en que elaborar esta herramienta requiere varios años de preparación. Repetirlo, además, no hace más que prolongar la incertidumbre instalada en la ciudadanía en cuanto a la veracidad de las cifras del Censo 2012. Además, surge el tema del desembolso: un nuevo censo implicaría destinar importantes recursos públicos adicionales, tomando en cuenta que el último proceso tuvo un costo total cercano a los $ 37 mil millones. La pregunta va por ahí, entonces. ¿Es bueno incurrir en un gasto de esta envergadura, cuando hay un informe técnico de alto nivel que indica que no es necesario?
