FUENTE : LA PRENSA AUSTRAL
Fondos por 510 millones de pesos destinados por el Estado de Chile a pagar la subvención escolar a los niños más pobres de Punta Arenas, habrían sido desviados a otros fines.
Es lo que busca esclarecer la querella criminal interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado ante el Juzgado de Garantía de esta ciudad, que viene a reforzar una acción similar que en noviembre de 2012 entabló el Colegio Regional de Profesores, presidido en ese entonces por Julián Mancilla Pérez.
El período examinado corresponde entre los años 2008 y 2011, donde la Ley Sep, a través del Ministerio de Educación, entregó a la Corporación Municipal de Punta Arenas recursos por 2,5 mil millones de pesos, para que sean invertidos en acciones destinadas a mejorar la calidad de la educación de los estudiantes más desposeídos de la comuna.
Auditoría
Un poco más de 500 millones de pesos no pudieron ser justificados por la Corporación durante la auditoría realizada por Contraloría el año 2011 al interior de dicho organismo.
Para dilucidar en qué se han gastado los fondos faltantes, el Consejo de Defensa del Estado se querelló por el delito de malversación de caudales públicos en contra de todos quienes aparezcan responsables. Entre los investigados estarían el entonces secretario de la Corporación, Orlando Estefó, y al asesor jurídico Hermes Hein.
Anomalías
De acuerdo a lo informado en su oportunidad por La Prensa Austral, la revisión de la Contraloría sobre el manejo de la Subvención Escolar Preferencial, arrojó una serie de anomalías en el uso de los fondos. La mayoría de los dineros faltantes fueron utilizados en otras cosas, como pagar cuentas de servicios básicos de los colegios, deudas o, incluso, sencillamente la plata no estaba en las cuentas corrientes, sin que existiese claridad de cuál había sido su destino final.
La subvención en cuestión se da como un suplemento a la subvención tradicional y tiene como destinatarios a las escuelas que hayan presentado proyectos para mejorar su desempeño, a condición de que sus alumnos sean los más vulnerables del sistema escolar.
La Ley Sep fue promulgada en el gobierno de Michelle Bachelet en el año 2008. La Subvención Escolar Preferencial permite otorgar un monto adicional a la subvención base a los colegios que atienden al 40% de los alumnos más pobres de Chile, lo que implica un desembolso de 240 mil millones de pesos anualmente, cuyo objetivo es reforzar la educación de los estudiantes más vulnerables del país.
Se pagó un juicio
En el caso de Punta Arenas, en el ítem sobre el uso de los dineros para “otros fines”, figuran $193 millones que terminaron siendo embargados para el pago de un juicio laboral entre el municipio y un particular.
Interpuesta la querella criminal del fisco, la Fiscalía deberá proceder a decretar las diversas diligencias solicitadas en el libelo conducentes a establecer responsabilidad frente a un eventual delito de malversación de caudales públicos.
Es lo que busca esclarecer la querella criminal interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado ante el Juzgado de Garantía de esta ciudad, que viene a reforzar una acción similar que en noviembre de 2012 entabló el Colegio Regional de Profesores, presidido en ese entonces por Julián Mancilla Pérez.
El período examinado corresponde entre los años 2008 y 2011, donde la Ley Sep, a través del Ministerio de Educación, entregó a la Corporación Municipal de Punta Arenas recursos por 2,5 mil millones de pesos, para que sean invertidos en acciones destinadas a mejorar la calidad de la educación de los estudiantes más desposeídos de la comuna.
Auditoría
Un poco más de 500 millones de pesos no pudieron ser justificados por la Corporación durante la auditoría realizada por Contraloría el año 2011 al interior de dicho organismo.
Para dilucidar en qué se han gastado los fondos faltantes, el Consejo de Defensa del Estado se querelló por el delito de malversación de caudales públicos en contra de todos quienes aparezcan responsables. Entre los investigados estarían el entonces secretario de la Corporación, Orlando Estefó, y al asesor jurídico Hermes Hein.
Anomalías
De acuerdo a lo informado en su oportunidad por La Prensa Austral, la revisión de la Contraloría sobre el manejo de la Subvención Escolar Preferencial, arrojó una serie de anomalías en el uso de los fondos. La mayoría de los dineros faltantes fueron utilizados en otras cosas, como pagar cuentas de servicios básicos de los colegios, deudas o, incluso, sencillamente la plata no estaba en las cuentas corrientes, sin que existiese claridad de cuál había sido su destino final.
La subvención en cuestión se da como un suplemento a la subvención tradicional y tiene como destinatarios a las escuelas que hayan presentado proyectos para mejorar su desempeño, a condición de que sus alumnos sean los más vulnerables del sistema escolar.
La Ley Sep fue promulgada en el gobierno de Michelle Bachelet en el año 2008. La Subvención Escolar Preferencial permite otorgar un monto adicional a la subvención base a los colegios que atienden al 40% de los alumnos más pobres de Chile, lo que implica un desembolso de 240 mil millones de pesos anualmente, cuyo objetivo es reforzar la educación de los estudiantes más vulnerables del país.
Se pagó un juicio
En el caso de Punta Arenas, en el ítem sobre el uso de los dineros para “otros fines”, figuran $193 millones que terminaron siendo embargados para el pago de un juicio laboral entre el municipio y un particular.
Interpuesta la querella criminal del fisco, la Fiscalía deberá proceder a decretar las diversas diligencias solicitadas en el libelo conducentes a establecer responsabilidad frente a un eventual delito de malversación de caudales públicos.
